Analistas internacionales no le creen a Maduro el cuento de que en Venezuela hay separación de poderes.


 

Esta semana el Gobierno de Venezuela cometió gravísimos errores jurídicos, los cuales, acompañados de intentos verdaderamente chapuceros por remediarlos, han puesto aún más en entredicho la naturaleza democrática de una administración que, día tras día, no hace sino perfilarse como una dominante dictadura.

Los dos fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) esta semana no despejan el intento de esa institución por “usurpar” las funciones de la Asamblea Nacional (AN).

El Tribunal Supremo de Venezuela suprimió partes de las polémicas sentencias y ya no se atribuye poderes de la Asamblea Nacional casi con seguridad debio a que dichas medidas provocaron la condena de varios sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional.

El rechazo se debió a que el TSJ decidió asumir las competencias correspondientes a la AN, otorgarle poderes especiales al presidente, Nicolás Maduro, y despojar a los parlamentarios de su inmunidad.

En uno de los fallos de esta semana, la Sala Constitucional hizo una aclaratoria sobre una de las sentencias y suprimió el punto “referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado
Tribunal Supremo de Justicia, pero los expertos creen que esto son solo palabras que se las lleva el viento.

Muchos expertos internacionales cuestionan también que el presidente Maduro haya convocado a un Consejo de Defensa para pedirle al TSJ revisar las polémicas sentencias porque “ese Consejo no tiene ninguna competencia para servir de mediador o árbitro en un conflicto entre poderes. Parece más bien la puesta de una escenografía para mostrar que el gobierno se está tomando muy en serio el problema al punto de incluso considerarlo un problema de seguridad nacional”, señaló John Magdaleno, analista.

“Lo que buscó hacer el Ejecutivo, tras la convocatoria del Consejo de Defensa, es intentar reparar el daño que pudieron haber causado en la institucionalidad pública las dos sentencias, pero la realidad es que la división de poderes en Venezuela es muy tenue”.

La conclusión es que al gobierno de Maduro le salió el tiro por la culata, y, a nivel político, el costo continental es muy alto, ya que la situación judicial, y el pésimo manejo que se hizo de ella, no han hecho sino reforzar la sensación de que el gobierno de Venezuela es, como afirman muchos países miembros de la OEA, una dictadura.