El Tribunal Supremo de Venezuela restituyó los poderes de la Asamblea Nacional.


 

El máximo órgano de Justicia dió marcha atrás y suprimió parte de sus polémicas decisiones de esta semana, en las que asumía todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN) y despojaba de inmunidad a los parlamentarios venezolanos. Al revertir esas medidas devolvió el poder legislativo que había asumido en un fallo que la oposición y gran parte de la opinión pública mundial consideraron como un golpe de Estado. Sin embargo, algunos analistas consideran la revisión del fallo un absurdo legal y que el golpe de Estado sigue vigente.

El máximo órgano de Justicia publicó el anuncio de dos sentencias este sábado en su página web. En una de ellas se elimina la decisión de esta semana que permitió a los magistrados ejercer el poder legislativo; en otra se devuelve a los diputados la inmunidad parlamentaria.

La decisión se produce después de que el presidente Nicolás Maduro pidió en la madrugada de este sábado al Tribunal Supremo que revisara las sentencias que le arrebataron las competencias al Poder Legislativo, lo cual había sido calificado por la oposición como un golpe de Estado.

El TSJ eliminó los poderes de la Asamblea el miércoles en medio de una larga batalla con este órgano, cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desobediencia a sentencias anteriores del propio tribunal.

La decisión del TSJ unió a una desmoralizada y dividida oposición y desató un torrente de condenas y preocupación internacional, desde Naciones Unidas y la Unión Europea hasta la mayoría de países de América Latina.

Presión internacional obliga a Maduro a pedirle al Supremo que revise el fallo que es calificado como un golpe de Estado
Tras la presión externa, las fisuras del chavismo y las críticas de la fiscal general, el gobernante venezolano junto con otros poderes públicos exhortó al alto tribunal a revisar la sentencia que quitó las competencias al parlamento, lo que ha sido calificado por la oposición y por varios países y organizaciones internacionales como un golpe de estado.
La decisión de la Corte Suprema esta semana puede haber estado motivada en parte por razones financieras.

El fallo permitía a Maduro crear empresas conjuntas de petróleo sin la aprobación del Congreso, lo que se debe a la necesidad urgente de recaudar dinero de los socios petroleros internacionales.

Además, le daba carta blanca para adquirir endeudamiento externo en medio de una grave crisis fiscal que tiene al país en una situación de escasez generalizada de alimentos y medicinas.

Para expertos constitucionales en Venezuela, la revisión del fallo anunciado por el TSJ este sábado no tiene base legal debido a que no se pueden hacer revisiones a sentencias sobre cuestiones de fondo.

Es decir, el fallo que suprimía los poderes a la Asamblea Nacional no es apelable ni revisable porque se trata de la máxima instancia judicial del país.