Lluvia de críticas por la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela contra la Asamblea Nacional.


 
La mayor parte de la comunidad latinoamericana, a excepción de muy contados apoyos, criticó duramente esta semana al gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por jueces nombrados por el chavismo, de asumir las competencias del Legislativo, lo cual fue calificado por la oposición venezolana como un “golpe de Estado”.
 
El presidente de la Asamblea, Julio Borges, denunció que “en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, y, ante las cámaras de televisión, calificó el fallo como de “basura” y lo hizo trizas con ambas manos. 
 
Organizaciones internacionales, gobiernos y personalidades políticas emitieron comunicados en los que expresan su rechazo a la sentencia del Supremo venezolano que le arrebata las competencias al poder legislativo. Bolivia, en cambio, si salió en su defensa, ya que es una fuerte aliada de Caracas.
 
Mientras ese mismo día hubo un sonoro cacerolazo estremeció la noche de Caracas y otras ciudades venezolanas, organizaciones internacionales, gobiernos y políticos hicieron saber su opinión y llamaron a tomar acciones más enérgicas que impidan la profundización del grave conflicto político por el que atraviesa el país suramericano.
 
Varios organismos internacionales hablan de una ruptura institucional, como la OEA y la Unión Europea, por ejemplo.
 
OEA: El secretario general, Luis Almagro, indicó en una nota oficial que las últimas decisiones del tribunal venezolano constituyen “los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. Almagro consideró que en Venezuela se ha producido un “auto golpe de Estado”.
 
Unión Europea: “Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución”, señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
 
Internacional Socialista: Con el fallo de la alta corte “caen los últimos vestigios de la democracia venezolana”, señaló en un comunicado.
 
Estados Unidos, en cambio, lo consideró “un grave retroceso”. 
“Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña enormemente las instituciones democráticas de Venezuela y niega a los venezolanos el derecho a dar forma a su futuro a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave retroceso para la democracia en Venezuela”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
 
Aparte, los senadores Marco Rubio (republicano) y Robert Menéndez(demócrata), en un comunicado conjunto, en el que apuntaron: “La democracia venezolana llevaba cojeando años, pero la decisión de cerrar el cuerpo legislativo del país confirma nuestros peores temores: Maduro es un dictador trastornado que ha desmantelado la democracia en su país sistemáticamente“.
 
Perú, por su parte, retiró definitivamente a su embajador en Caracas y el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, expresó: “Condeno la ruptura de la democracia en Venezuela. Retiro de manera definitiva a mi embajador en ese país. América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela”.
 
La Cancillería peruana también informó que inició consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.
 
Hasta Keiko Fujimori, cuyo padre Alberto Fujimori acometió una acción similar hace 25 años cuando ordenó rodear el Congreso con tanques, manifestó en su cuenta de Twitter su respaldo a los venezolanos: “Mi solidaridad con el pueblo venezolano que sigue reclamando Democracia y exigiendo que se respete el Estado de Derecho”, escribió la líder opositora peruana, quien además expresó su respaldo al presidente Kuczynski en su decisión de retirar a su embajador en Caracas.
 
Costa Rica, por su parte, calificó la pérdida de los poderes del Parlamento de Venezuela por una orden judicial como una decisión inadmisible y decepcionante e insistió en la necesidad de buscar una solución a la crisis por la vía multilateral en la OEA.
 
Antes de este pronunciamiento oficial, el Congreso costarricense instó mediante una moción al presidente Luis Guillermo Solís a retirar la representación diplomática de Costa Rica en Venezuela.