El Gobierno apela decisión en su contra en el caso “Titán”.


 
El Banco Central, tal como se supo hace un mes, perdió un juicio contra los comerciantes bonaerenses de valores Rohn Knowles y Kelvin Leachy ahora el Banco está obligado a devolverles más de 1,4 millones de dólares americanos que habían sido decomisados de las cuentas bancarias de ambos hombres. 
 
Y además de la mencionada cantidad, el Banco Central también debe cancelarles 8,8 millones de dólares de acuerdo al veredicto de la Corte Suprema en enero de 2016. 
 
Sin embargo, esta semana el Gobierno decidió presentar sus alegatos contra esa decisión en la Corte de Apelación, con la esperanza de convencer a los jueces de anular ese monto.
 
Como se ha informado, esa deuda de de 8,8 millones de dólares se remonta a septiembre de 2014 cuando ambos hombres como su compañía, Titan Securities, fueron acusados por el Gobierno de los Estados Unidos, junto con varios otros individuos más, por fraude de valores y lavado de dinero. 
 
A petición de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad Antidrogas allanaron sus oficinas en el edificio Matalon en Coney Drive. Esa incursión fue tan extensa que las autoridades de Belice retiraron todos sus documentos y equipo.
 
Acusaron al Gobierno y el juez Courtney Abel (ABLE) dictaminó en su favor que la búsqueda y la incautación habían sido excesivas, ilegales e incumpliendo sus derechos constitucionales y les concedió a los hombres casi 9 millones de dólares en compensación. 
 
Pero esta semana, en el Tribunal de Apelación, el abogado del Gobierno Denys Barrow  intentó convencer a los jueces de dicho Tribunal de que Abel llegó a una  conclusión equivocada.
 
Dijo que en septiembre de 2014, fue procesada una acusación de Estados Unidos contra los hombres y su compañía. El Gobierno de Belice recibió una solicitud de asistencia judicial recíproca del Gobierno de los Estados Unidos. La búsqueda se llevó a cabo al día siguiente, y poco después de eso, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales envió una notificación por correo electrónico de que su licencia para realizar transacciones de valores se suspendió. 
 
Barrow dijo que esta suspensión no ha sido levantada, y esto, combinado con la publicidad negativa de la acusación de EE.UU. forzó el cierre Titan Securities. Desde la perspectiva del Gobierno, el juez erróneamente atribuyó el cierre debido a la incursión de la policía en Titán, por lo que creen que la sentencia debe ser anulada.
 
En defensa, Eamon Courtenay, abogado principal de ambos hombres, sostuvo que la decisión del juez era correcta y que sus derechos constitucionales fueron violados.