El Gobierno y la Alianza Ashcroft se enfrentan en la Corte.


Esta semana la administración del primer Ministro Dean Barrow y la Alianza Ashcroft estuvieron de vuelta en la Corte Suprema.
El objetivo principal es tratar de persuadir al Presidente de la Corte Suprema de por qué debía o no cumplir con el mandato judicial que la juez Michelle Arana otorgó contra el grupo de empresas Ashcroft que impide que apliquen la sentencia de 50 millones de dólares otorgada por un tribunal estadounidense contra Belice.
El Gobierno sostiene que no pagará porque una sentencia de la Corte de Justicia del Caribe establece que el laudo de arbitraje no puede ser ejecutado en Belice contra el propio GOB.
Esta semana el Presidente de la Corte Suprema escuchó los argumentos de Courtenay y del abogado del Gobierno Denys Barrow. Una vez finalizado el juicio, decidirá si hará que el mandato sea permanente, o si lo eliminará.
En el primer día del juicio de 2 días, la disputa fue resumida por Denys Barrow afirmando que el pago no puede ser ejecutado porque es contrario a la política pública y argumentó que debido a que las dos compañías litigantes están basadas en Belice, la decisión de la CCJ debería obligarlas a buscar la aplicación en otros países.
Pero Courtenay también sostuvo que si un tribunal se niega a ejecutar un laudo, no impide que las compañías de Ashcroft vayan a otros países que adopten la convención para tratar de obtener la adjudicación.