Se encienden las tensiones entre el PUP y UDP


 

El Gobierno informó que hubo una audiencia en Washington, D.C. como parte de las acciones legales del llamado Grupo Ashcroft contra Belice, un acto donde tomó parte el senador Eamon Courtenay junto a otros abogados estadounidenses, lo que genera consternación y repugnancia en las autoridades nacionales.

La comunicación del Gobierno indica que el senador Courtenay ha obrado desvergonzadamente en la acción de Ashcroft para llegar a los activos de Belice y derrocar la estabilidad financiera del país.

Esto se suma a la posición del Partido Democrático Unido (UDP, por sus siglas en inglés), que solicitó la renuncia Courtenay como senador por considerar que traicionó al país al representar a Michael Ashcroft, que lidera las causas contra la nación para cobrar compensaciones arbitrales. UDP estima que actuó en contra de leyes que fueron discutidas en la Cámara de Representantes y del propio Senado.

Aunque Gobierno y oposición lograron puntos de coincidencia para proteger las reservas internacionales de la nación de cualquier intento de cobro de compensaciones por parte del llamado Grupo Ashcroft, esta reconciliación se diluyó pronto. Una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley del Banco Central de Belice y la Ley de Enjuiciamiento de la Corona, que se aprobaron de forma acelerada para blindar al Banco Central de Belice y desvincular sus activos, fue el fruto de la discordia.

El Partido Popular Unido (PUP, por sus siglas en inglés), organización a la que pertenece Courtenay, informó que según las leyes de Estados Unidos las reservas de Belice en el Banco Central están aseguradas y no pueden ser ejecutadas por las compañías de Ashcroft. Estima que las reservas internacionales de Belice están debidamente protegidas.

Añade que los líderes de UDP deben explicar la razón por la que la firma de abogados del primer ministro, Dean Barrow, sigue representando a las empresas de Ashcroft y entregó un cheque en blanco a los antiguos propietarios de BTL, lo que terminó costándole a los beliceños más de $ 557 millones. Afirma el PUP que el país tiene hoy el Gobierno más corrupto.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición ha centrado la atención del caso esta semana, aunque no se puede perder de vista que en el fondo persiste la sentencia de tribunales arbitrales internacionales a favor de empresas del Grupo Ashcroft que obligan a la nación a cancelar compensaciones millonarias. Belice Social Development Ltd. tiene pendiente el cobro 22,5 millones de dólares, BCB Holdings Ltd. (Caribbean Investment Holdings Ltd.) y el Belize Bank Ltd. tienen un reclamo por 27,4 millones de dólares.