Con plan anticorrupción Belice intenta mejorar su imagen institucional


Tras meses de escándalos ligados con irregularidades diversas, con funcionarios públicos involucrados o relacionados directa o indirectamente en los hechos, el Gobierno de Dean Barrow decidió que Belice suscribirá la Convención Interamericana Contra la Corrupción intentando así mejorar la imagen institucional del país.

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El 9 de diciembre, Día Mundial contra la corrupción, se perfila como la fecha para que este hecho ocurra tras más de una década de idas y venidas sobre el tema sin que se avanzara formalmente en la adhesión a la Convención.

Esta Convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue ratificada por Belice en 2002. Luego, en 2003, firmó la declaración sobre los Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Para 2009 se tenía listo un Plan Nacional de Acción contra la Corrupción y en 2010 se habían articulado las recomendaciones pertinentes para su aplicación. Sin embargo, no fue mucho más lo que se avanzó.

La Unión Nacional de Maestros de Belice (BNTU), que ahora sufre el recorte parcial de sus pagos por parte del Gobierno por haber realizado una huelga, ha sido una de las organizaciones que más presión ha ejercido para que Belice se sume a las naciones que aplican este acuerdo.

La Cámara de Comercio e Industria (BCCI) ha sido otro cuerpo de presión sobre las autoridades para avanzar en la materia y es uno de los principales impulsores de la iniciativa. De hecho, integra el grupo de trabajo que prepara todo el andamiaje que se requiere, en materia legal y administrativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Belice en el marco de la Convención después de su adopción.

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La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción tiene entre sus finalidades promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Vale destacar que lo establecido en la Convención es jurídicamente vinculante para los países que la han ratificado o se han adherido a ella.