Acción conjunta para preservar el Parque Nacional Chiquibul


La certeza de que están en riesgo las riquezas naturales del Parque Nacional Chiquibul ha despertado la inquietud de organizaciones conservacionistas que buscan reimpulsar las acciones protectoras por parte de los gobiernos de Belice y Guatemala.

El grupo FCD de Belice, Amigos para la Conservación y el Desarrollo, y la guatemalteca Asociación Balam, han vuelto a encender las alarmas sobre lo que viene ocurriendo en el Parque Chiquibul y que pone en peligro la flora y la fauna presentes en la zona, además de abrir espacios para actividades ilícitas.

Byron Castellanos, de Balam, señala que las mayores amenazas sobre el parque son la extracción de flora y fauna, la expansión agrícola sin control, las actividades ilegales ligadas a la extracción de oro y el tráfico de drogas.

De acuerdo con FCD, alrededor de 1.800 hectáreas de ese territorio han pasado a ser utilizadas con fines agrícolas, una situación que implicó la deforestación de una porción importante del área de esta reserva, poniendo fin con parte del ecosistema.

El Parque Nacional Chiquibul abarca unas 106 mil hectáreas y para su protección se han venido ejecutando varias iniciativas. Sin embargo, persisten las invasiones por arte de personas que se acercan desde Belice, pero también desde Guatemala.

Para Castellanos, las incursiones ilegales en la zona son causadas por la pobreza, una condición social y económica que es usada por los carteles del crimen organizado, que son los que al final cosechan los dividendos de las acciones ilegales que allí se cometen.

Las pérdidas económicas para Belice, como consecuencia de estas acciones que atentan contra la integridad del parque, se calculan en alrededor de 1 millón de dólares al año.

Rafael Manzanero, director Ejecutivo de FCD, está convencido de que para mantener el ecosistema es necesario combinar esfuerzos.

De allí que las organizaciones conservacionistas esperan lograr acciones coordinadas con las autoridades que ayuden a recuperar las zonas afectadas y, lo más importante, que eviten nuevos ingresos de personas que invaden el territorio para explotarlo de forma ilegal y dañina para la vida natural.